La justicia social en la formación en traducción:
Aprendizaje-Servicio con ONG
para asistir a la población migrante

Cristina Valderrey Reñones

Universidad de Salamanca

Abstract

Service-Learning (SL), consolidated in higher education in recent years, fuses experiential learning and social utility in training projects that act directly in contexts where social needs are identified with the aim of introducing improvements. This article presents a study carried out within the framework of TRADAPS, a project of the Department of Translation and Interpreting of the University of Salamanca that offers students the possibility of carrying out their Final Degree Project in collaboration with NGOs which assist local migrant populations. The author examines the kind of learning linked to social justice acquired by students participating in the project. To this end, the analysis combines a model of social justice based on the dimensions of redistribution, recognition and participation with notions from the critical approach within SL (in particular, the concepts of otherness and reciprocity). This study uses qualitative information collected through two data collection instruments implemented during the training experience: a field diary prepared by the student and a semi-structured interview with the person in charge of monitoring the student at the organisation at the end of the collaboration. It demonstrates that SL works as a committed methodology that makes it possible for local NGOs that assist migrants and face a high demand for translation services to alleviate their lack of resources, and thus contribute to allowing these minorities to fully enjoy rights protected by social justice.

Keywords: Service-Learning, migration, translation, NGOs, social justice

Resumen

El Aprendizaje-Servicio (ApS), consolidado en la educación superior en los últimos años, fusiona aprendizaje experiencial y utilidad social en proyectos formativos que actúan directamente en contextos en los que se identifican necesidades sociales con la finalidad de introducir mejoras. Este artículo presenta un estudio llevado a cabo en el marco de TRADAPS, un proyecto del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca que ofrece la posibilidad de realizar la asignatura Trabajo de Fin de Grado en colaboración con ONG que asisten a población migrante local. El estudio examina qué tipo de aprendizajes vinculados con la justicia social adquiere el estudiantado que participa en el proyecto. Para ello, se combina en el análisis un modelo de justicia social basado en las dimensiones de redistribución, reconocimiento y representación-participación, con nociones procedentes de la vertiente crítica del ApS (en particular, los conceptos de alteridad y reciprocidad). El estudio presentado utiliza información de tipo cualitativo recabada a través de dos instrumentos de recogida de datos implementados durante el desarrollo de la experiencia formativa: un diario de campo elaborado por la estudiante y la entrevista semiestructurada realizada a la persona encargada del seguimiento de la alumna en la entidad al finalizar la colaboración. Demuestra que el ApS funciona como una metodología comprometida que hace posible que ONG locales que asisten a migrantes y afrontan una gran demanda de servicios de traducción puedan paliar su falta de recursos, y así contribuir al pleno disfrute por parte de estas minorías de unos derechos amparados por la justicia social.

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, justicia social, migración, ONG, traducción

Introducción

Tomamos como punto de partida de nuestra contribución la presentación de TRADAPS, un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) nacido en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca en 2021 (Valderrey Reñones et al., 2023), con el doble propósito de situar nuestro planteamiento con respecto a otras iniciativas de pedagogía comprometida en traducción e interpretación y de comenzar a desarrollar nuestra idea de la justicia social en la formación de traductores, edificada en torno a conceptos vinculados a las teorías críticas del ApS.

El ApS es un método pedagógico que ha experimentado un enérgico avance en la educación superior durante los últimos años, como demuestra tanto la abundante literatura científica generada (García-Romero & Lalueza, 2019) como los cada vez más frecuentes procesos de institucionalización llevados a cabo en universidades de todo el mundo (Tapia, 2018). Esta metodología se materializa en propuestas formativas en las que aprendizaje y servicio a la comunidad se unen dentro de un mismo proyecto educativo donde “los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Batlle, 2011, p. 51). En sintonía con estas palabras, Uruñuela (2018) señala la “utilidad social” del ApS al subrayar que todo proyecto parte de una mirada crítica a la realidad social inmediata con la intención de identificar y analizar necesidades problemáticas sin resolver que no son compatibles con los valores de justicia social e igualdad. Así pues, en el ApS se funden intencionalidad pedagógica y utilidad social, y de esta fusión se derivan beneficios múltiples: al basarse en el aprendizaje experiencial reivindicado en los últimos tiempos (Deeley, 2016), proporciona al alumnado un aprendizaje contextualizado mediante la exposición a situaciones “auténticas” (véase al respecto Kiraly & Massey, 2019); promueve, además, una intervención directa sobre la realidad que aporta valor social (Puig et al., 2016) al actuar en contextos en los que se detectan necesidades sociales no resueltas, con lo que, por un lado, fomenta un mayor compromiso social entre las personas participantes y, por otro, permite el avance de la sociedad en su conjunto, ya que las labores desarrolladas conducen a una mayor justicia social. Se entiende, por tanto, como una metodología comprometida y orientada hacia la justicia y la equidad a través de su potencial para la transformación social.

En el caso concreto de TRADAPS, la intencionalidad pedagógica y la utilidad social confluyen en una iniciativa formativa que ofrece al alumnado de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca la posibilidad de realizar Trabajos de Fin de Grado (TFG) en colaboración con ONG locales que asisten a personas migrantes en situación de vulnerabilidad lingüística con el propósito de favorecer su inclusión social. Tal como recoge Valderrey Reñones et al. (2023), en el momento de diseñar pedagógicamente el proyecto, se valoró expresamente que, si bien todo TFG supone la puesta en práctica integrada de todos los aprendizajes adquiridos durante los estudios de grado, el hecho de vincular dichos TFG a una propuesta de ApS desarrollada en un contexto “auténtico” brindaría la oportunidad de fomentar y promover el mencionado aprendizaje “experiencial” y “contextualizado” por el que apuesta, por ejemplo, un autor referente en la formación de traductores como es Don Kiraly (2019).

En cuanto a la utilidad social de TRADAPS, a nadie escapa el papel esencial que desempeñan las ONG locales en el apoyo y defensa de los derechos de la población migrante, solicitantes de asilo y refugiados. Como bien sostienen Valero Garcés y Cata (2006), son las organizaciones que están contribuyendo en mayor medida a “hacer posible la comunicación intercultural entre los que están y los que llegan que no conocen la lengua (y cultura) de contacto” (p. 50), lo que trae frecuentemente consigo asumir labores de traducción “de todo tipo de documentos y en todo tipo de situaciones” (p. 50). No obstante, y como también se documenta en distintos estudios (entre otros Arias-Badia & Jiménez-Andrés, 2021; Las Heras Navarro, 2012; León Pinilla et al., 2016; Valero Garcés & Cata, 2006), debido a la escasez de recursos que afrontan estas entidades, de manera especial en el caso de combinaciones lingüísticas con idiomas de menor difusión, estas tareas no suelen ser desempeñadas por traductores profesionales ni por personas con formación específica en ese ámbito, sino que recaen con frecuencia en el propio personal multilingüe de las ONG y en colaboradores o voluntarios, la mayoría de las veces hablantes nativos de la lengua en cuestión que cuentan con una trayectoria más amplia en el país de acogida. Se trata de estrategias de comunicación a las que estas organizaciones se ven abocadas a recurrir, pero que en ocasiones pueden suponer un riesgo por las consecuencias negativas que de ellas pueden derivarse en lo relativo a la calidad de la atención dispensada a las personas migrantes (Foulquié-Rubio & Sánchez-Pedreño Sánchez, 2019). Ante esta situación de carencias significativas sufridas por las ONG locales en el momento de acometer la provisión de servicios de traducción, la utilidad social de un proyecto como TRADAPS en su contribución al reconocimiento de los derechos en materia lingüística de las personas migrantes parece demostrada.

Para concluir esta presentación del proyecto, es necesario subrayar que atiende exclusivamente, y sin mediar ningún tipo de contraprestación económica, aquellas necesidades no urgentes en el campo de la traducción a las que las entidades colaboradoras no destinan financiación alguna y que, por tanto, en ninguna circunstancia podrían constituir encargos que debieran ser cubiertos por profesionales. De este modo, el proyecto sale de antemano al paso de las posibles reservas éticas ante el riesgo de incurrir en competencia desleal mediante la implementación de experiencias formativas con clientes reales, sobre las que también advierten y tratan de sortear en sus propias instituciones autores como Way (2019) o colectivos de traductores voluntarios y comprometidos como ECOS (véase al respecto Sánchez Balsalobre et al., 2010). Por tanto, el diseño de nuestro proyecto se ajusta perfectamente a esta concurrencia de necesidades sociales y valores éticos al conjugar, por un lado, el compromiso social necesario para detectar y paliar carencias comunicativas en el contexto de ONG locales que asisten a personas migrantes y, por otro, la ética en la manera de llevar a término esta labor.

A la vista de todo lo anterior y como se expondrá más adelante, se pone de manifiesto que las experiencias formativas diseñadas siguiendo el modelo crítico del ApS tratan de involucrar al estudiantado en iniciativas pedagógicas comprometidas, en la medida en que estas pueden contribuir a cambiar las condiciones que crea la exclusión social, y orientadas, por consiguiente, hacia la justicia social. En definitiva, y como señalan García-Romero y Lalueza (2019, p. 54), se trata de propuestas metodológicas con potencial para la transformación social en tanto que pueden intervenir en la “deconstrucción del conocimiento socialmente construido necesaria para poner en cuestión el orden de poder”. En este sentido, la filosofía que mueve proyectos de ApS como TRADAPS se alinea –por el compromiso social con el que se identifica; por su reconocimiento de la existencia de grupos sociales que carecen de un nivel adecuado de acceso a la información, la participación y los servicios debido a las barreras lingüísticas (siguiendo a Taibi, 2017); y por su propósito de paliar estas desigualdades mediante la provisión de servicios de traducción en colaboración con ONG y de concienciar sobre estas situaciones de injusticia– con otras iniciativas de pedagogía comprometida, llevadas también a cabo en el ámbito de la traducción y la interpretación. Nos referimos, a título de ejemplo, a planteamientos como el voluntariado activista vinculado a un contexto institucional universitario (la asociación Ecos, Traductores e Intérpretes por la Solidaridad promovida desde la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada; véase a este respecto De Manuel Jerez et al., 2004); la formación ad hoc de intérpretes al margen de los marcos académicos y en contextos activistas (Boéri, 2010; Boéri, 2014; Boéri & De Manuel Jerez, 2011); o la preparación de ciudadanos traductores o citizen translators (Federici & Cadwell, 2018) para que traduzcan información a sus comunidades en situaciones de desastre o crisis.

No obstante, hay dos cuestiones esenciales que diferencian todos los proyectos de ApS de los planteamientos formativos centrados en la pedagogía comprometida a los que acabamos de aludir. Por un lado, su naturaleza reglada y vinculada con el currículo formativo del alumnado participante; un aspecto medular que garantiza el reconocimiento educativo a nivel institucional de toda experiencia formativa en ApS. Desde este punto de vista, una iniciativa pedagógica de ApS nunca se considera exclusivamente voluntariado, puesto que su objetivo no es solo el servicio a la comunidad, sino también la consecución intencional de aprendizajes significativos (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que serán evaluados dentro de una asignatura concreta. En el caso de TRADAPS, la etapa formativa a la que se circunscribe el proyecto es el último curso de la formación universitaria de grado y, más en concreto, la asignatura que cierra este ciclo formativo. Se entiende pues que cuando el alumnado se embarca en su Trabajo de Fin de Grado posee ya los conocimientos y habilidades necesarios para actuar con garantías de éxito y calidad ante un encargo de traducción real. Como se deduce de ello, la segunda gran diferencia con respecto a otros tipos de pedagogía comprometida se encuentra en el perfil de la persona a la que se forma. Así, el proyecto TRADAPS solo involucra al estudiantado de último año matriculado en la asignatura mencionada, es decir, incipientes profesionales de la traducción; por lo que, en el caso de estudio, la metodología de ApS puede considerarse también una estrategia formativa privilegiada de socialización-iniciación profesional. Llegados a este punto, quizás conviene apuntar también que el ApS se aleja del concepto educativo de las prácticas curriculares o extracurriculares en la medida en que desde esta metodología no se pretende dar soluciones rápidas a las necesidades perentorias del día a día en materia de traducción dentro de la ONG en cuestión, sino, más bien, favorecer una respuesta pausada, reflexiva y crítica que busca la calidad del servicio prestado a la población migrante para aquellas necesidades comunicativas menos urgentes.

Tras pergeñar una primera aproximación a lo que se entiende por justicia social en esta aportación, conviene ahora delimitar y examinar algunas nociones estrechamente relacionadas con la propia idea de justicia social para comprender mejor cómo funciona o, más bien, cómo se plasma dentro de las prácticas traductoras desplegadas en ONG locales que asisten a migrantes.

(In)justicia social y prácticas traductoras en ONG locales que asisten a personas migrantes

En los últimos años, la justicia social se ha convertido en fuente de debate en el campo disciplinar de los estudios de traducción (véase a este respecto Boéri, 2023; Monzó-Nebot & Mellinger, 2022) al cobrar mayor protagonismo en los análisis tanto las necesidades de los más desfavorecidos como su variedad de voces. Ello se observa especialmente en el ámbito de la traducción e interpretación en los servicios públicos (Bancroft, 2015), y más en concreto dentro de las ONG –sobre todo las grandes ONG internacionales–, donde la traducción empieza a manifestarse cada vez más como el medio para crear condiciones justas para que las minorías lingüísticas dejen de estar insuficientemente atendidas y puedan acceder a sus derechos (Tesseur, 2022).

No obstante, la cuestión de la justicia social se revela como un asunto complejo y resbaladizo por el carácter multidimensional y multidisciplinar del concepto, pero también por su fuerte componente ideológico. En este sentido, consideramos que el planteamiento tridimensional de las 3-R de Murillo y Hernández-Castilla (2011), basado en tres grandes dimensiones de la justicia social —Redistribución, Reconocimiento y Representación-Participación—, permite articular una posible vía de acceso para examinar las complejas realidades sociales que intervienen en la provisión de recursos de traducción en el contexto que analizamos. Para los autores, la primera dimensión que permite acotar el concepto de justicia social se centra en la redistribución de bienes y recursos (los servicios lingüísticos de traducción dentro de las ONG, en nuestro caso), concebida como una redistribución equitativa que supone dar más a quien más lo necesita; la segunda se basa en el reconocimiento, entendido como valoración y respeto de todas y cada una de las personas y culturas de la sociedad (desde nuestros intereses, esta dimensión permite, por ejemplo, considerar el valor otorgado a la figura de las personas que traducen en el marco de las ONG); y, finalmente, la tercera dimensión se refiere a la representación-participación social activa y equitativa de todas las personas en decisiones que afectan a sus propias vidas, especialmente de aquellas tradicionalmente marginadas (en el contexto que nos ocupa, cabe preguntarse por el grado de participación concedido a las personas migrantes dentro de las ONG en lo que respecta, por ejemplo, a la elaboración de material realmente accesible). Nos acercamos pues a la cuestión de la (in)justicia social en las prácticas traductoras en ONG locales que asisten a personas migrantes a partir de las tres dimensiones presentadas: redistribución, reconocimiento y representación-participación.

Para comprender mejor los problemas relacionados con la distribución de los recursos en la provisión de servicios de traducción en las ONG, es necesario tener en cuenta que las políticas lingüísticas institucionales están plenamente vinculadas a la (in)justicia social. Resulta esclarecedor a este respecto el planteamiento de Sen (2010) cuando en su enfoque de la justicia social parte de la premisa de que la sociedad y el Estado pueden dar una respuesta eficaz a la injusticia en la sociedad; subrayando acertadamente que no se trata solo de favorecer la justicia, sino de evitar injusticias. A esta idea aluden precisamente Taibi y Ozolins (2016) al sostener que la traducción en los servicios públicos debe permitir que llegue la información a todos los ciudadanos para mejorar las oportunidades de los grupos minoritarios reduciendo el riesgo de exclusión y favoreciendo su participación en la sociedad. Añaden, sin embargo, que en este contexto se da un desequilibrio de poder, puesto que la decisión de que los textos propios del ámbito no cuenten con traducciones es política. El hecho de que las instituciones no tomen en cuenta, en muchos casos, la importancia de contar con traductores profesionales o que se contenten con la “calidad de la labor realizada por los voluntarios sin formación específica” (De Manuel Jerez et al., 2004, p. 67); que haya ausencia de interés por parte de las autoridades en dedicar fondos para proporcionar servicios de calidad (Valero Garcés & Cata, 2006); que la financiación de las ONG proceda de donaciones privadas y de otros actores como el Estado, que condicionan a qué se destinan los fondos (Acedo Ramírez, 2011); o que los organismos a través de los que estas se financian ofrezcan subvenciones que no suelen contemplar partidas para la traducción (Foulquié-Rubio & Sánchez-Pedreño Sánchez, 2019) puede conducir a la percepción de que el sistema de bienestar en lugar de evitar injusticas mediante la distribución de los recursos, actúa más bien restringiéndolos en determinados ámbitos y perpetuando, de este modo, las asimetrías sociales entre grupos lingüísticos.

Lo anterior parece engarzar claramente con la falta de reconocimiento por parte de los poderes públicos con respecto al valor atribuido a la traducción. No obstante, como bien señalan Monzó-Nebot y Mellinger (2022), cuando se debate sobre la prestación de servicios de traducción en los grandes contextos institucionales multilingües nunca se cuestiona el valor y la necesidad de la traducción para facilitar la comunicación entre diferentes grupos lingüísticos. Frente a la falta de financiación en el ámbito de la traducción en los servicios públicos o dentro de ONG, los Estados siempre han demostrado que aprecian la ventaja estratégica que supone hablar y que les hablen en su propia lengua mediante la financiación de sus propias secciones de traducción en las organizaciones internacionales o de las traducciones de instrumentos jurídicos de especial interés. De nuevo, todo sugiere que el desinterés institucional en cuanto a la provisión de servicios de traducción en contextos en los que se asiste a población migrante vuelve a remitir a decisiones que perpetúan un desequilibrio de poder con respecto a grupos lingüísticos desfavorecidos cuando, precisamente, dichas decisiones deberían garantizar que esos grupos participen y contribuyan en igualdad de condiciones en la sociedad que los acoge.

En otro orden de cosas, la reflexión de Tesseur (2022), aunque limitada a las grandes ONG internacionales, resulta esclarecedora para entender el valor adjudicado a la traducción y la interpretación por parte de las propias entidades no gubernamentales. Según la autora, se trata de labores que no suelen contemplarse en el momento de diseñar un plan de acción para dar respuesta a emergencias, el presupuesto que se les asigna es escaso o inexistente y no se reconoce el trabajo de las personas que las realizan. Todo ello lleva a la autora a peguntarse si esta falta de reconocimiento es acorde con la idea de justicia social puesto que, tradicionalmente, la traducción ha sido entendida por las ONG como una herramienta para hacer más rentable un proyecto y fortalecer la imagen de marca, y solo últimamente ha comenzado a ser considerada como un recurso para favorecer la inclusión. Al mismo tiempo, la falta de reconocimiento, por parte de ONG que desarrollan sus misiones en ámbitos locales, respecto del papel fundamental que desempeña la traducción también ha sido señalado por distintos autores y desde diferentes ángulos: algunas organizaciones no son conscientes de la importancia de contratar a profesionales de la traducción (De Manuel Jerez et al., 2004); otras aducen incluso que no precisan de un servicio de traducción profesional porque no detectan carencias o necesidades de tipo lingüístico o cultural (Jiménez-Andrés, 2020); en otros casos, se contentan con la calidad de la labor realizada por personas voluntarias no formadas en traducción (De Manuel Jerez et al., 2004); o intentan proporcionar dichos servicios, pero su provisión no siempre se centra en la búsqueda de un servicio de calidad, sino, más bien, en la urgencia de proporcionarlo (Foulquié-Rubio & Sánchez-Pedreño Sánchez, 2019). La falta de financiación crónica que atenaza a las ONG locales o las situaciones de urgencia perentoria en las que desempeñan su labor, abocándolas a la puesta en práctica de estrategias comunicativas como las precitadas, no puede hacer perder de vista las posibles repercusiones negativas sobre la calidad de la atención ofrecida y, en consecuencia, sobre los exigibles valores de justicia social e igualdad. Procede subrayar, además, que estas prácticas comunicativas pueden también socavar la confianza de las personas usuarias en lo concerniente a los servicios de traducción ofrecidos por las ONG, llegando incluso a cuestionarse su valor como instrumento para facilitar el pleno disfrute de sus derechos. Si estos grupos desfavorecidos, ante soluciones comunicativas como las mencionadas, renuncian a reclamar su propio derecho a la traducción y la interpretación podrían estar fortaleciendo la inacción de quienes distribuyen los recursos para proveer de servicios lingüísticos conducentes a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable.

Avanzando en la necesidad de reconocimiento como dimensión integrada en la idea de justicia social, resulta asimismo de interés indagar en la autopercepción de los profesionales de la traducción dentro de ONG y explorar hasta qué punto son conscientes de su papel como agentes favorecedores de la inclusión entre los colectivos migrantes con vulnerabilidad lingüística. Enfocar la justicia social desde la premisa de que no solo el Estado, sino también la sociedad en su conjunto, a través de los distintos colectivos que la conforman, puede dar una respuesta eficaz a la injusticia en la sociedad (Sen, 2010), está en consonancia con el papel social de los traductores y su capacidad de agencia. Aun asumiendo que el poder de decisión de los profesionales lingüísticos está directamente mediado por las personas implicadas en la situación de traducción, ante quienes deben responder en primer término, y que su papel en el intercambio comunicativo también se ve delimitado por niveles institucionales superiores, es esencial en este punto tomar en consideración aquellas aportaciones que sitúan a los traductores e intérpretes como agentes de posibles cambios políticos y sociales (véase al respecto Boéri & Delgado Luchner, 2020; Monzó-Nebot, 2020) y, por consiguiente, con un papel directo en la justicia social como transformadores sociales.

En relación también con la dimensión de reconocimiento, y más concretamente con las nociones de (falta de) conocimiento mutuo entre grupos diferentes, ponemos ahora en perspectiva una cuestión que se completará en los apartados siguientes: la posible existencia de percepciones poco realistas sobre la traducción entre los grupos profesionales con los que están llamados a cooperar los traductores (entre otros: el propio personal de las ONG locales, los voluntarios procedentes de ámbitos no lingüísticos como el jurídico o el psicólogo, etc.) y que pondrían en evidencia el desconocimiento de lo que es la traducción y de lo que puede conseguir. Para anticiparse al problema, la interacción entre los traductores y los otros agentes sociales debería encuadrarse siempre dentro de prácticas colaborativas orientadas hacia el interés común, con el propósito de avanzar en el conocimiento del otro y, de este modo, hacer frente a los conflictos derivados de desajustes entre las expectativas y las posibilidades manejadas por uno y otro grupo.

Por otra parte, la necesidad de cooperar que acabamos de esbozar y el derecho de la población migrante a comprender los textos proporcionados por las ONG locales, nos lleva a introducir la tercera dimensión elegida para plasmar la cuestión de la (in)justicia social: el derecho de participación de las personas migrantes para contribuir en igualdad de condiciones en la sociedad de acogida. Con finalidad meramente ilustrativa, mencionamos aquí que el proyecto TRADAPS está diseñado para paliar situaciones de vulnerabilidad lingüística mediante el empleo de la traducción interlingüística hacia dos lenguas francas (el inglés y el francés) y de la traducción intralingüística (en español) para transformar textos complejos en documentos claros y de lectura fácil. Hay amplio consenso en torno a las bondades de la elaboración de material accesible como estrategia para mejorar y facilitar la comunicación entre los servicios públicos y la población migrante (véase al respecto González, 2008; Jiménez-Andrés, 2020). Como señalan estos autores, si bien lo ideal sería contar con traducciones a la lengua materna de esta población, no se cuenta con los medios necesarios. De ahí que la información ofrecida en la lengua del país de acogida deba estar formulada con claridad y precisión para no obstaculizar la comunicación (lenguaje claro) o bien estar adaptada a las necesidades especiales de personas con dificultades de comprensión lectora (documentos de lectura fácil). Dicho esto, creemos que incluso las iniciativas a tal efecto hechas con la mejor de las intenciones pueden fracasar y perpetuar desigualdades si no se deja espacio para la participación de la población migrante durante la elaboración del material accesible.

Algunas de las ideas expuestas en este apartado enlazan con el poder de los traductores para paliar ciertas injusticias sociales y determinadas asimetrías relacionales mediante prácticas colaborativas. A este respecto, y focalizando la atención en la formación de traductores, resulta interesante detenerse en la delimitación de algunos conceptos trabajados por las teorías críticas del ApS puesto que permiten hacer más consciente al estudiantado de su compromiso social y de su papel como transformadores de realidades injustas a través de una agencia regida por los principios de equidad y cooperación.

El enfoque crítico de la metodología ApS al servicio de la justicia social

Se expone ahora la relación que se establece entre la justicia social y las iniciativas formativas en ApS a través de la delimitación de ciertos conceptos desarrollados dentro de la vertiente crítica del ApS. Esto resulta esencial para poder analizar más adelante qué tipos de aprendizajes relacionados con la justicia social se observan en el caso concreto del proyecto TRADAPS y cuáles hacen más consciente al estudiantado de su compromiso social y de su posible papel como agentes transformadores de determinadas situaciones de injusticia detectadas en el apartado anterior en el caso de ONG que asisten a migrantes con vulnerabilidad lingüística.

García-Romero y Lalueza (2019) revisan exhaustivamente las líneas de trabajo consolidadas dentro de la metodología de ApS aplicada en la educación superior y las clasifican en cuatro grandes modelos teóricos atendiendo a los diferentes procesos de aprendizaje que se dan: experiencial, transformativo, teorías críticas y perspectiva histórico-cultural. De acuerdo con los autores, los cuatro enfoques sitúan en el centro del aprendizaje la experiencia (entendida esta como un proceso de inmersión, implicación y cambio personal del alumnado a través de la reflexión). Sostienen, además, que las teorías críticas, por su parte, se basan también en el aprendizaje transformativo (que conlleva una transformación de la identidad del estudiantado, desencadenada por la alteridad que experimenta al aproximarse a otras realidades sociales y establecer relaciones con sus miembros). En el contexto de TRADAPS, y como se pondrá de manifiesto en el apartado siguiente, el estudiantado que participa en el proyecto experimenta distintas transformaciones al colaborar con el personal de las ONG y con personas usurarias de las entidades. Estos autores explicitan, por otro lado, que desde la vertiente crítica del ApS el aprendizaje transformativo se vincula con procesos de aprendizaje que ponen en cuestión la propia perspectiva del alumnado, aunque siempre con una clara motivación social. Es decir, se trata de un proceso de aprendizaje que lleva implícito un potencial de transformación social y que se orienta hacia la justicia social, así como hacia el cuestionamiento por parte del estudiantado del sistema establecido.

El punto de inflexión que marca el paso del modelo tradicional del ApS al de las teorías críticas radica en que la iniciativa formativa diseñada desde esta última vertiente pretende realizar un servicio de utilidad social que permita superar injusticias, más allá de solucionar problemas concretos mediante la acción directa como ocurre con el primer modelo. Para lograrlo, son fundamentales las nociones de concienciación –que lleva al alumnado a tomar posición respecto de las relaciones sociales– y de compromiso –que lo impulsa a ser agente del cambio social–. En palabras de García-Romero y Lalueza (2019, p. 59), las teorías críticas suponen así un “giro social” evidente en la concepción del “desarrollo identitario” del estudiantado. Defienden los autores, siguiendo el planteamiento de Yep (2014), que desde esta vertiente del ApS la noción de identidad no se entiende como una cuestión individual, sino compartida, y que, en consecuencia, los cambios en la misma solo se alcanzan mediante la construcción del individuo como parte integrante de un grupo y a partir de la toma de conciencia con respecto a la existencia de asimetrías de poder en las relaciones sociales. Se trata de reflexiones que, inevitablemente, invitan a pensar en el rol colectivo de los traductores e intérpretes como agentes sociales transformadores de realidades injustas (véase Boéri & Delgado Luchner, 2020; Monzó-Nebot, 2020). Por otra parte, los procesos de concienciación y compromiso conducen al empoderamiento del alumnado. Un concepto este último que, desde las teorías críticas del ApS, se concibe, en primer término, como el paso a la acción del estudiantado, y que supone su implicación activa y comprometida cimentada sobre un aumento de la seguridad en la toma de decisiones, para transitar luego hacia una participación más plena en la comunidad al aprender a cuestionar el orden establecido (García-Romero & Lalueza, 2019).

El último concepto analizado, la reciprocidad, procede de las pedagogías basadas en la justicia social (Haddix, 2015), que se integran también en las teorías críticas del ApS. Para acceder a su comprensión es fundamental entender que los procesos de concienciación y transformación se fundamentan en la relación de reciprocidad entre los distintos participantes que intervienen en la experiencia formativa. Para este autor, la toma de conciencia procede de la valoración de los conocimientos y las prácticas ajenas, y afirma que solo hay transformación (es decir, aprendizaje) si hay toma de conciencia. La relación de reciprocidad tiene un impacto directo en el fomento de la conciencia crítica del estudiantado y de los otros participantes para buscar conjuntamente un cambio social significativo. Ello conlleva una redistribución del poder, hacia relaciones más equitativas y de beneficio mutuo entre todos los intervinientes. Para Yep (2014), quien sostiene que los mecanismos de construcción del aprendizaje se basan en el diálogo, la finalidad de un proyecto de ApS no se encontraría en el aprendizaje individual del alumnado, sino más bien en la transformación mutua de los diferentes intervinientes a través de procesos de aprendizaje dialógico (esto es, colaborativo). Así pues, en una experiencia de ApS no solo aprende el estudiantado, sino todas las partes involucradas. Se desprende, por tanto, que la idea de reciprocidad debe construirse en torno al recíproco interés mutuo, al compartir el mismo problema. Consiste en compartir el control sobre la acción: contar con el otro en la toma de decisiones. En este sentido, las dimensiones de reconocimiento y participación, incorporadas en la idea de justicia social plasmada en esta aportación, se configuran como leales compañeros de viaje en toda relación de reciprocidad.

TRADAPS como experiencia formativa y transformadora orientada hacia la justicia social: un estudio de caso

Este apartado se centra en examinar qué tipo de aprendizajes vinculados con la justicia social adquiere el estudiantado de traducción que participa en el proyecto TRADAPS. Con este propósito, combinamos en nuestro análisis el modelo de justicia social de Murillo y Hernández-Castilla (2011), ya presentado y basado en las dimensiones de redistribución, reconocimiento y representación-participación, con otras nociones previamente explicadas y procedentes de la vertiente crítica del ApS (en particular, los conceptos de alteridad, empoderamiento y reciprocidad). Conviene indicar que este análisis se circunscribe al proceso de adquisición de aprendizajes observado en el caso de una única estudiante a lo largo de su colaboración con una ONG local con la que existe un acuerdo de confidencialidad vinculado al convenio de ApS firmado entre la Universidad de Salamanca y dicha entidad.

La colaboración entre la estudiante y la ONG se extiende a lo largo de seis meses (de mediados de noviembre de 2022 a mediados de mayo de 2023) durante la elaboración de su Trabajo de Fin de Grado. Cabe señalar que en este proyecto las asociaciones presentan al estudiantado diferentes encargos en función de sus necesidades, siempre sujetos a determinadas condiciones para no incurrir en competencia desleal. La decisión última en cuanto al encargo que se llevará a cabo nace siempre de una negociación; es decir, reposa sobre el acuerdo mutuo entre el personal de la entidad y el alumnado. En el caso que nos ocupa, la entidad hace partícipe de sus necesidades a la estudiante bajo la forma de una serie de textos susceptibles de ser traducidos a otras lenguas. Entre ellos se encuentra el encargo de traducir hacia una lengua franca (el francés) un folleto informativo sobre el servicio del hogar elaborado por el personal de la ONG, en el que se explican las condiciones de trabajo y los derechos laborales de las personas empleadas en este servicio. Se trata de un documento de difícil comprensión en el que se observa un alto grado de tecnicidad y la existencia de formulaciones farragosas.

Para este estudio de caso, se utiliza información de tipo cualitativo recabada a través de dos instrumentos de recogida de datos implementados durante el desarrollo de la experiencia formativa. Por un lado, el cuaderno de bitácora consistente en un diario de campo elaborado por la estudiante desde la primera visita a la ONG siguiendo un guion proporcionado por la directora del TFG e inspirado en Lalueza y Macías-Gómez-Estern (2020) donde se incluye: datos generales de la visita (fecha y participantes), observación focalizada (descripción de conductas e interacciones), reflexión teórica en relación con los contenidos de la asignatura TFG (necesidades manifestadas por la ONG, análisis de los destinarios, del encargo recibido, etc.) y reflexión personal (impresiones sobre el propio proceso de aprendizaje). La alumna plasma la información en un documento compartido con su directora de TFG y recibe retroalimentación durante las tutorías académicas. Por otro lado, la entrevista semiestructurada que se realiza a la persona encargada del seguimiento de la alumna en la entidad al finalizar la colaboración. Se utiliza en su diseño un guion abierto, que permite enfocar las cuestiones relevantes para su propósito (valorar y evaluar la experiencia formativa por parte de la ONG) al tiempo que ofrece al entrevistado la posibilidad de introducir cualquier otro aspecto de análisis (Báez y Pérez de Tudela, 2009). Las peguntas se organizan en cuatro bloques: a) sobre el seguimiento de la estudiante, b) resultado del trabajo, c) impacto y proyección social y d) perspectivas de futuro. Para este artículo, se han analizado las respuestas al tercer bloque. La entrevista se lleva a cabo de manera virtual, se graba en vídeo y, posteriormente, se realiza la transcripción literal.

En la etapa inicial de colaboración con la ONG, la estudiante acude a reuniones puntuales, convocadas por la persona responsable de su seguimiento en la entidad. Estas visitas permiten que la estudiante se familiarice con el funcionamiento interno de la ONG, con los perfiles de las personas usuarias y con el personal fijo y voluntario que colabora con la entidad; fortaleciéndose, de este modo, el vínculo entre las distintas partes involucradas. El proceso de cambio empieza a observarse en los comentarios formulados por la estudiante en el cuaderno de bitácora y en las tutorías que mantiene con la profesora encargada de la dirección. La alteridad experimentada por la estudiante al exponerse a otras realidades y grupos sociales mediante el establecimiento de relaciones con sus miembros genera una mayor concienciación y empatía en torno a las carencias y necesidades existentes en la entidad en materia de traducción. A finales de enero de 2023, escribe: “las ONG de tamaño reducido como [nombre de la ONG] operan con un presupuesto limitado, que cubre en primer lugar las necesidades más imperiosas, entre las que no suelen constar los servicios lingüísticos, por desgracia” (reflexión obtenida del cuaderno de bitácora). Con ese “por desgracia”, la estudiante se posiciona con respecto a una distribución de recursos que no considera justa. Se observa un cambio en su autopercepción como traductora al tomar conciencia de su papel como agente de transformación social entre colectivos migrantes con vulnerabilidad lingüística, al tiempo que es más consciente de la redistribución de recursos que se está operando en la provisión de servicios de traducción a través de un proyecto como TRADAPS.

Las visitas a la asociación continúan, y a finales de febrero de 2023, la estudiante ya conoce en profundidad el perfil de las personas usuarias y, por ende, sus necesidades y carencias lingüísticas. Todo ello aumenta la confianza en sí misma y en su capacidad para tomar decisiones, por lo que se implica de manera más comprometida con la entidad y actúa más proactivamente, llegando a cuestionar, en cierto modo, el orden establecido (es decir, el encargo recibido al inicio de la colaboración): “… me han proporcionado datos sobre el perfil de los usuarios que acudieron a la ONG en 2022 y en lo que va de 2023. La mayoría de los usuarios son hispanohablantes (…). Me parece que el documento [donde se explican los conceptos básicos sobre la labor de las empleadas de hogar] se presta mucho a una adaptación hacia la lectura fácil” (reflexión obtenida del cuaderno de bitácora). En el siguiente contacto con la asociación, propone cambiar el enfoque del encargo inicial y elaborar un folleto más accesible en español utilizando las pautas de la lectura fácil. Se puede hablar aquí de empoderamiento de la estudiante, en el sentido que la vertiente crítica del ApS confiere al término. Las relaciones de alteridad no solo generan aprendizaje transformativo en la estudiante. Mejora también el conocimiento mutuo entre los distintos grupos involucrados en la experiencia formativa (en especial, entre el personal de la ONG y el colectivo de los traductores representado por la estudiante). Y con ello las percepciones y expectativas con respecto a la labor traductora se reajustan. La persona encargada del seguimiento de la alumna en la entidad reconoce, durante la entrevista realizada al finalizar la colaboración, que el diálogo mantenido con la estudiante para definir la estrategia comunicativa más adecuada para trabajar el folleto cambia su forma de entender las labores realizadas por los traductores abriéndose a otras expectativas. Resultan también muy reveladoras sus palabras en otro momento de la entrevista: “Si hay que señalar un progreso sería la conciencia que tomó la estudiante de las personas a las que se atendía en la asociación, sus necesidades y sus derechos, aunque se ha dado un progreso mutuo. Ahora, tanto mis colegas como yo comprendemos mejor la labor de un traductor profesional. Este no solo habla idiomas. Soy más consciente de cómo se interpreta, se añade, se adapta, se cambia... en función del perfil de los destinatarios, de la situación...” (transcripción de la entrevista).

La relación de reciprocidad, por su parte, resulta fundamental en las prácticas colaborativas orientadas hacia la justicia social, puesto que tiene un impacto directo en el fomento de la conciencia crítica del estudiantado (y del resto de los grupos participantes) al llevar implícita una redistribución del poder hacia relaciones más equitativas y de beneficio mutuo entre todos los intervinientes. Esto se observa con claridad durante la elaboración del material accesible a partir del folleto elaborado por la ONG. Siguiendo el procedimiento promovido desde Plena Inclusión España para llevar a cabo la adaptación de textos a la lectura fácil, la estudiante realiza una sesión de validación con personas usuarias de la entidad. Al dar voz al grupo vulnerable y favorecer su participación en la toma de decisiones, la estudiante se conecta con los ideales de equidad incluidos en la perspectiva de la justicia social. En sus palabras, “la validación ha sido de extrema importancia, porque nos ha ayudado a calibrar nuestros esfuerzos y a crear un folleto aún más útil y ajustado a sus necesidades” (comentario extraído del cuaderno de bitácora). Se deduce de todo ello que las prácticas colaborativas centradas en la reciprocidad (en la obtención de mutuos beneficios) van más allá del aprendizaje individual para incidir más claramente en la transformación social. En el caso de estudio, las personas migrantes son más conscientes de su derecho de participación para contribuir en igualdad de condiciones en la sociedad de acogida, la ONG colaboradora es más consciente del valor y del alcance de una traducción que responda con eficacia y calidad a las necesidades de sus destinatarios y la estudiante lo es lo que respecta al compromiso social de su labor como agente favorecedor de la inclusión entre los colectivos migrantes con vulnerabilidad lingüística.

Conclusiones

El ApS fusiona aprendizaje experiencial y utilidad social en proyectos formativos que intervienen en contextos en los que se observan necesidades sociales y realidades injustas con la finalidad de introducir mejoras. Se entiende, pues, como una metodología comprometida y orientada hacia la justicia social y la equidad a través de su potencial para transformar la sociedad. No obstante, la noción de justicia social resulta compleja y resbaladiza en su delimitación y, en ese sentido, su aplicación metodológica en los proyectos de ApS requiere de modelos claros y aprehensibles. Creemos que el planteamiento de las 3-R de Murillo y Hernández-Castilla (2011) permite articular una vía de acceso clarificadora para examinar las complejas realidades que intervienen en la provisión de recursos de traducción en las ONG. De este modo, las dimensiones de redistribución, reconocimiento y representación-participación nos han permitido detectar en el contexto traductor de las ONG situaciones que no concuerdan con lo exigible desde los valores de justicia social e igualdad. Entre otras: mala distribución de los recursos que perpetúa las asimetrías sociales entre grupos lingüísticos, falta de reconocimiento con respecto al valor de la traducción como herramienta para favorecer la inclusión, falta de conocimiento mutuo entre los grupos que deben colaborar dentro de las ONG, etc.

Una vez identificadas estas situaciones injustas, y desde el punto de vista de la formación de traductores, defendemos la utilidad de algunos conceptos (especialmente, la alteridad y la reciprocidad) trabajados desde las teorías críticas del ApS puesto que permiten hacer más consciente al estudiantado de su compromiso social y de su papel como transformadores de realidades injustas a través de una agencia regida por los principios de equidad y cooperación. Por encima de todo, destacamos la importancia concedida al aprendizaje basado en situaciones de colaboración entre diferentes (estudiantado, personal y personas usuarias de las ONG), que posibilita la transformación mutua de todos los participantes en la experiencia formativa a través de la reciprocidad. Así pues, en una experiencia de ApS no solo aprende el estudiantado, sino todas las partes involucradas. Todas ellas se benefician mutuamente. Esto redunda en último término en el ansiado reconocimiento tanto del papel desempeñado por parte de las personas usuarias de las ONG, que alcanzan la participación y avanzan en la inclusión social, como de la profesión del traductor, más reconocido en su labor por los usuarios y por el personal de la asociación. Frente a la idea de urgencia que impera en muchas de las actuaciones traductoras en el contexto de estas ONG, resulta alentador observar que el proyecto TRADAPS empieza a ser visto desde las asociaciones colaboradoras, no como la solución rápida que logra resultados inmediatos para una necesidad puntual, sino como una ventana hacia una forma más consciente de entender el valor de una comunicación efectiva y eficaz para favorecer su misión orientada hacia la inclusión, la equidad y la justicia social.

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